Yo tengo un sueño

Ya estamos en un año nuevo y, a pesar de los augurios, espero que nos muestre un cambio a mejor de la situación del país –no sé de qué magnitud-. El gobierno ha empezado a tomar decisiones y, aunque debemos ser críticos y analizarlas, es pronto para saber si los resultados serán buenos o malos. Por desgracia, todavía vivimos en la resaca del anterior desgobierno.

Con o sin promesa, la subida de impuestos estaba cantada. Los medios acusan a Rajoy de prometer lo contrario, pero quien estuviera al tanto de nuestra situación, debía saber que el estado tenía que buscar ingresos de alguna manera; de hecho, ha habido más jaleo en el periodismo que en la sociedad, que daba esto por sentado –además, ¿alguien esperaba de un político que se presente a las elecciones diciendo que va a subir impuestos?

Me preocupa más qué va a hacer con ese dinero. Por ejemplo, empezó diciendo el gobierno que iba a controlar previamente las cuentas de las administraciones autonómicas y, a las primeras quejas de los afectados, cambió la idea por sanciones si había déficit, es decir, si incumplían sus propios presupuestos –cosa que hacen habitualmente-. Y esta segunda opción me gusta menos, porque si sancionan a una comunidad reduciendo los fondos que tenga que recibir en próximos ejercicios, la solución será subir impuestos en dicha comunidad para compensar la pérdida de ingresos y, encima, le echará la culpa al gobierno central.

A estas alturas, no vamos a suponer el sentido común y el buen hacer de los gobiernos autonómicos, porque nos han demostrado lo contrario en los últimos años; la confianza tendrán que ganársela de nuevo. Por eso me gustaba la propuesta electoral de recuperar la sanidad y educación para el gobierno central, porque aseguraba que los dineros para estas materias no se desviarían a otros menesteres. Si no se controlan los presupuestos autonómicos antes de empezar a gastar, los ciudadanos volveremos a pagar los desfases.

Y a la espera estamos de la reforma laboral, una de las claves para empezar a mejorar. Nuestros medios de comunicación, como siempre, van a la carnaza, a si la indemnización por despido será de 20, 30 ó 40 días, pero lo importante, la clave de que se rompa el maleficio de que sólo se puede reducir el paro cuando el país crece al 2,5%, es que sea más barato contratar, que una empresa no tenga que pagar el doble del sueldo que cobra el trabajador, para contratarlo. Ese es hoy en día el principal obstáculo para contratar.

Además, como comentaba Jesús Encinar en Twitter esta mañana: “Cinco consejos de ministros nombrando cargos y subiendo impuestos. Nada de emprendedores. ¿No decían que la prioridad n.1 era crear empleo?”. Para ser el empleo una de las prioridades del gobierno, están empezando a tardar en tomar medidas para fomentar la creación de empresas, para ayudar a los emprendedores.

Veremos por dónde van las cosas pero, a pesar de la situación, hay que empezar el año con la esperanza de que mejoren y, sobretodo, con el ánimo de hacer todo lo necesario para que mejoren. Nosotros, los ciudadanos, y ellos, la clase política.

Ya tenemos nuevo gobierno y volvemos a comenzar la reconstrucción de nuestro país, que tan maltrecho ha quedado con esta crisis. La mayoría de los españoles, por lo visto en las urnas, esperanzados en que tome las decisiones oportunas para empezar a mejorar y, sobre todo, reducir las cifras de paro, que deshacen la sociedad y arruinan el estado.

Desde mi punto de vista, en una Democracia, al día siguiente de las elecciones todos los ciudadanos deberíamos ser críticos con quienes nos representan, les hayamos votado o no. Es una actitud indispensable para que la clase política no se crea que el poder que les damos es suyo. Eso sí, tal y como está nuestro sistema político, no tenemos cauces adecuados para que nuestra crítica llegue, e influya, en las decisiones políticas.

En cualquier caso, exigir que el gobierno del PP acierte en sus decisiones, no es ya un problema de crítica, sino más bien, de subsistencia. El país no está para muchos más altibajos: o empezamos a mejorar, o las cuentas del estado incluidas, por supuesto, autonomías, no darán para pagar los gastos corrientes más los intereses de las deudas.

Por eso, el 2012 debe marcar un cambio en la tendencia de la economía del país, y debe hacerlo gracias a las decisiones que tome el gobierno, y no esperar a que el resto de Europa mejore para agarrarnos al furgón de cola. Y sobre todo, el gobierno debería empezar a hacer política con visión de estado, con decisiones a largo plazo, cuyos resultados puede que no llegue a ver, pero que son las que realmente estructuran un país y le dan fortaleza.

Pero no conseguiremos que este país se parezca más a Noruega que a Portugal hasta que no instauremos una mutua confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Los españoles no nos fiamos del estado –desde tiempos inmemoriales-, de la gestión que los políticos hacen de nuestros dineros, por eso, nunca se ha visto como algo negativo intentar escaquearse con los impuestos, porque entendemos que ese dinero no será bien utilizado. Esta manera de pensar, instalada en nuestro subconsciente, ha de cambiarse por efecto del rigor de los gobernantes y la responsabilidad de los gobernados. Y entiendo que probablemente sea la tarea más complicada a realizar a largo plazo, pero absolutamente necesaria si queremos ser un país serio.

Estas fechas, tan propias para deseos, son perfectas para esperar que esta España nuestra –que diría Cecilia- se convierta en un país estable, en el que no estemos siempre dando bandazos, del cielo al infierno, confiando más en la buena fortuna que en el buen hacer. Ojalá lo consigamos entre todos.

Y puestos en deseos, para todos los que os acercáis a leer mis peroratas, desearos que el próximo año cumpla de sobra todas vuestras expectativas.

Si alguien tenía dudas de porque el PSOE estaba encantado con las ocurrencias de la SGAE, la noticia del desvío de fondos a las fundaciones del partido, aclara todo. Realmente vergonzoso por ambas partes.

Tanto los autores que con la nariz tapada y sin hacerse preguntas ante las críticas, han defendido a la Sociedad General, como los miembros del PSOE que tragaban con las consignas de su dirección sin ningún tipo de conciencia crítica, deberían pedir perdón si tuvieran un mínimo de vergüenza.

A estas alturas del desastre, es normal que esta noticia pase desapercibida y no genere el cabreo que hubiera producido en una situación normal. Sólo espero que al PSOE le den los ciudadanos tal correctivo en las urnas que produzca un movimiento dentro del partido capaz de convertirlo en algo más serio que una mera máquina de poder. España necesitará en los próximos años políticos que piensen a largo plazo, hombres de estado que marquen el camino a seguir y ahora mismo esas personas no están en los aparatos de los partidos políticos y, si los partidos no cambian, no hay forma de que lleguen.

Atención pregunta: ¿cuál es el partido que se presenta a las elecciones que propone que el estado central recupere las competencias en sanidad?*

Según el Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería:

Siete de cada diez ciudadanos creen que la sanidad debe gestionarla el Gobierno central

Espero que el 70% de los ciudadanos voten a ese partido. Comenzaríamos en España el cambio más importante e interesante de los últimos 30 años.

P.D.: Verán cómo a partir de este estudio sale más de uno diciendo que se está planteando esa recuperación de competencias.

*UPyD.

Sí, aunque no lo crean en la política española también hay dopaje, y lo vemos claramente cuando va a celebrarse una competición. Los partidos se preparan para destacar en la prueba y que lleguen a los electores sus propuestas, pero la competición está claramente adulterada. Hay partidos políticos que van hormonados a lo bestia.

Justo antes de empezar la competición, hay unos partidos que reciben más dinero que otros para gastar en la campaña, por lo que su aparición en los medios de comunicación es mucho más evidente. La excusa es que en las anteriores elecciones sacaron más votos, pero ¿alguien se imagina una carrera en la que participase Haile Gebrselassie y le dejarán salir dopado porque había ganado las anteriores pruebas? ¿O 200 metros por delante del resto?

No contentos con esto, conscientes de que los electores se cansarán de su cuento, organizan los debates políticos permitiendo de nuevo el dopaje; en este caso por grados. Así, los dos más poderosos -PSOE y PP- empiezan haciendo trampas ostentoreamente -© Gil y Gil-, ya que tienen un debate para ellos solos, en el que podrán explicarse con calma. Después, parece que quieren hacer otro debate con más partidos, y mira por donde, ellos dos vuelven a estar -otra dosis de dopamina-. Al final, hay partidos con representación parlamentaria -y expectativas de voto- que simplemente no tienen derecho a que se les escuche.

Para los debates desconozco si hay doctrina establecida. Supongo que las televisiones atenderán a criterios de audiencia, aunque no sé si en esta ocasión el debate entre Rubalcaba y Rajoy le interesará verlo a alguien más que a los más acérrimos. Aunque he de reconocer que este debate no se hace para conocer sus propuestas, ya que llevan más de un mes bombardeándonos con ellas – más la legislatura pasada-, este debate es puro morbo, como cualquier reality, y esto tiene mucho tirón en España.

Como entenderán, con la competición adulterada, ganan siempre los mismos. Los que no quieren cambiar las reglas del juego –Ley electoral, financiación de partidos políticos, etc.-, porque les permiten, aun en el peor de los casos, obtener una buena cuota de poder.

Atónitos e incrédulos seguimos comprobando como el PSOE, con su jefe a la cabeza -o vicejefe- va demostrando como, todo aquello que se consideraban principios inamovibles, se mueven y mucho. Lo último, cargarse unas de las premisas que el propio PSOE metió en aquel infame referéndum sobre la inclusión de España en la OTAN: tendremos base americana.

Quienes me leen saben que no me gusta ninguno de los dos grandes partidos de este país. Tanto PSOE como PP se han cargado la semilla de Democracia que se plantó en el 78, convirtiéndola en una partitocracia clientelar, donde la clase gobernante se acerca a lo público para beneficio propio o del partido al que representa.

Dicho esto, la colección de mentiras y desvergüenzas que estamos viendo con  el PSOE en esta etapa de gobierno, debería hacernos espabilar a los españoles definitivamente. Entre otras razones, porque es fruto del deterioro de nuestro sistema político; consecuencia de la impunidad en la que viven quienes se acercan a gestionar la cosa pública en España. Y como esa es la causa final, no lo arreglará un cambio entre esos dos partidos.

En el caso del PSOE, además de la falta de sentido de estado, propia de ambos partidos -y, por supuesto, de los nacionalistas-, se une una incapacidad manifiesta para gestionar los temas económicos. Por segunda vez nos ha demostrado que el binomio crisis económica-PSOE es mortal para nuestro país.

Hoy que he recibido la triste noticia de que un gran amigo ha tenido que cerrar su librería, no puedo por menos que acordarme de los muchos consejos que se le dieron a nuestro incapaz presidente Zapatero, al que le venía muy, pero que muy grande La Moncloa, y de los que no tomó ni uno, ya sea por soberbia o porque no venían de los suyos. Desde la reforma de la ley de morosidad, pasando por los despilfarros del Plan E y terminando en la sucesión de medidas atropelladas, sin convicción alguna, que tomó cuando el mal ya estaba hecho.

Ahora, esta España grogui como un boxeador al que le han caído todas, apenas reacciona a la última -esperemos- mezquindad: el partido que organizó un referéndum para meternos en la OTAN, tras haber ganado las elecciones con el eslogan “OTAN, de entrada no”, cambia las condiciones de ese referéndum -no a bases americanas en España-, y, por supuesto, ahora ya, sin preguntar a nadie.

Lo he dicho más de una vez y lo sigo pensando: tenemos que darle un buen susto a nuestra clase política, de la única manera que entienden, mandarlos a la calle. Pero ese aviso definitivo que lleve a la regeneración no significa que se queden con 100 escaños, porque a estas alturas eso no es suficiente; deben desaparecer -o prácticamente- del congreso. Lo contrario es enviarles el mensaje claro de que hagan lo que hagan, tienen asegurado un puesto, o lo que es lo mismo, que los españoles no nos atreveremos nunca a tomar el control de nuestro país.

El lobo ya ha asomado. Las orejas las estábamos viendo desde hace tiempo. Con nuestro sistema político, los grandes partidos necesitan mucho dinero para sobrevivir y, ahora que las arcas públicas están vacías, reducen de donde les resulta más fácil.

La mayor parte del presupuesto de las autonomías se lo lleva sanidad y educación, por lo que cualquier reducción porcentual sobre esas partidas deja mucho dinero libre para los gastos de las organizaciones políticas. ¿Se podrían reducir en otras cosas?; sí, claro que sí, pero es más complicado de conseguir porque sería una suma de pequeñas partidas y, por otro lado, son reducciones que la clase política aposentada no quiere hacer. Por ejemplo, la petición que ha hecho UPyD en Madrid de reducción de un 10% del sueldo de los diputados: todos los demás partidos se han negado. Dicen, es demagogia; y yo digo, ¿y qué? El resto hace demagogia pero no proponen reducirse el sueldo.

Tal y como está España, con las arcas vacías y la sociedad aportando poco dinero al estado –principalmente por el enorme paro-, es evidente que lo fundamental sería racionalizar el gasto, dedicar los recursos a lo más importante, para mí sanidad y educación –junto con la creación de empleo-, y reducir el resto de gastos. Pues bien, de todas las ideas que he oído para conseguir este objetivo, la única que creo eficaz es la recuperación por parte del estado de las competencias en sanidad y educación, realizada por UPyD. El resto de propuestas, son ocurrencias en la línea habitual de la clase política española: fíate de nosotros, que vamos a cambiar.

Por una parte tenemos al PP que se está encontrando con la ruina dejada por los gobiernos del PSOE que, como dijo en cierta ocasión una ministra de cultura de Zapatero, tienen la idea de que el dinero público no es de nadie, así que aunque se gaste a mares no pasa nada. Así, el PP, que es uno de los dos partidos institucionalizados, necesita, al igual que el PSOE, unas cantidades ingentes de recursos para mantener todo el aparato, y no me refiero sólo a presupuesto para sueldos de miembros del partido, sino a todo el ecosistema que ambos partidos tienen en forma de asesores, empresas, negocios de futuro –para después de la política-, o lo que es lo mismo, sostenimiento de la influencia política en la sociedad.

El PSOE, como digo, es la otra cara de la misma moneda, sólo que ahora ha dejado la ruina, se va del poder, y con una desvergüenza marmolea, dice que ya sabe cómo hacer las cosas bien, y achaca a los otros los recortes. Claro, en este perverso juego de alternancias, el PSOE sabe que puede engordar la deuda mientras gobierna, para luego decir que ellos no recortaron. Aparte de que en esta ocasión es mentira, el resultado es el mismo, una nefasta gestión de los recursos públicos.

Por último tenemos a IU, para el que la solución a todos los problemas es subir los impuestos a los “ricos”. Los paganos de este país sabemos de sobra que eso es una entelequia, y que al final pagamos todos menos los que más tienen. El otro día en una entrevista Cayo Lara proponía la reducción a 35 horas semanales como una posible solución al paro. La entrevistadora, lógicamente, le argumentó que eso conllevaría una reducción de salarios, pero él se resistía a contestar, hasta que al final soltó la gran parida: que las empresas asuman el coste. Sinceramente, no sé si este señor está proponiendo que las Pymes de este país –el 80% del empleo- contraten a dos trabajadores por cada puesto, pagándoles lo mismo, o sólo lo dice por las grandes empresas, que simplemente no le harían ni caso.

En los tres casos vemos que ninguno propone soluciones acordes con el grave problema de recursos que tenemos y, como hemos visto con el mundo de fantasía de Zapatero, simplemente aseguran que, con todo igual que está ahora, no recortarán ni sanidad ni educación. Pues no me lo creo.

A estas alturas no me creo que la clase política española se vuelva responsable. Las autonomías quieren las transferencias de sanidad y educación para que sus presupuestos sean mayores y después poder dedicar el dinero a sus prioridades. Nunca destinan el dinero que el estado les transfiere para esas materias íntegramente en ellas, y por eso tenemos los recortes –unos explícitos, como en Cataluña, y otros más sibilinos como en Andalucía-. La única solución es que ese dinero lo gestione una sola mano, donde el riesgo es siempre mucho menor. Por otro lado, después de dar competencias en la compra de medicamentos, se dan cuenta ahora que sale más barato si el estado hace la compra de todos los medicamentos que si se hacen 17 compras. ¿Y para esto han tenido que pasar 20 años de autonomías? Con que le hubieran preguntado al tendero de la esquina lo hubieran sabido hace tiempo y nos hubiéramos ahorrado muchos millones para sanidad.

Podemos seguir creyéndonos sus cuentos, podemos pensar que ahora, con el país arruinado, cambiarán, pero no va a ser así. La clase política española lleva muchos años de despilfarro de dinero público, y lo único que va a suceder es que ahora nos llegará menos a los ciudadanos, pero esos hábitos no se cambian de la noche a la mañana.

Sólo con el cambio de nuestro sistema político, a Democracia con mayúsculas, y la limpieza de la gran mayoría de advenedizos que se han apuntado a hacer una carrera política -que jamás hubieran hecho en su vida privada como profesionales-, podremos confiar algo en la buena voluntad de nuestros políticos. Hasta ese momento, atarlos en corto es lo más sensato.

El final de esta legislatura empieza a ser dramático. El último regalo de Zapatero y el partido socialista –que no se nos olvide, que todas las insensateces del presidente han sido consentidas por el PSOE- es convocar elecciones en noviembre. A la paralización que estaba padeciendo ya el gobierno para no molestar al candidato, se suma ahora la propia del cierre de sesiones en el congreso a la espera de la fecha electoral. Si hubieran pensado un mínimo en el país y no sólo en sus intereses, hubieran convocado elecciones en este mes, septiembre, y el parón que ahora sufrimos hubiera sido en agosto –cuando todo está parado igualmente-.

Nos encontramos ahora con que nadie está para tomar decisiones si sucede algo a nivel internacional que nos afecte. Con unos presupuestos que se prorrogarán, creando desconcierto en todos los organismos públicos, porque no sabrán en realidad de qué dinero disponen para el próximo año.

Estamos viéndolas venir, con el susto en el cuerpo y, eso sí, con unas ganas horribles de mandar al carajo a este gobierno. Razón por la cual, el gobierno ha decidido que las elecciones fueran lo más tarde posible –su pretensión de celebrarlas en marzo del año que viene era, simplemente, un disparate-.

Y nos queda la parte más dura de la campaña electoral. Por cierto, campaña que iba a ser del ahorro, porque no se pondrían carteles publicitarios hasta los quince días propios de campaña, pero a cambio están poniendo publicidad en el resto de medios desde hace un mes. Lo de siempre, ni una verdad.

Una vez más, la clase política española –fundamentalmente PPSOE, que son quienes se creen dueños del sistema-, aun en la situación más delicada del país, preocupada por sus intereses de partido. Y los ciudadanos esperando que pase esta pesadilla cuanto antes, sin llegar a creer la irresponsabilidad de nuestros dirigentes.

Rectificación: Hasta que se celebren las elecciones, la Diputación Permanente puede tomar decisiones mediante decretos-leyes, aunque estas normas tienen bastantes limitaciones, entre otras, que deben ser convalidadas en un plazo de 30 días por el congreso; supongo que sin congreso, debería ser la Diputación Permanente quien convalide un decreto ley.

Hace unos días mandé una petición a nuestros representantes en el congreso –mediante Actuable- para que se pregunte a los españoles si quieren hacer el cambio constitucional que proponen el PSOE y PP. Llevo años pidiendo un sistema político en el que los ciudadanos tengan el control del mismo, y no sea una élite política la que haga y deshaga a su gusto. Por tanto, coherentemente con eso, he pedido el referéndum.

A partir de aquí, he de decir que no creo que el cambio constitucional vaya a modificar en nada nuestras vidas, ni para bien ni para mal. Es, simplemente, un gesto que el presidente del gobierno tenía que hacer a cambio de la compra de deuda española por el BCE. Pero a estas alturas, aquí ya sabemos que la Constitución no vale para casi nada; fue útil a la muerte de Franco, para escenificar el cambio de régimen y marcar las normas básicas de funcionamiento, pero a lo largo de los años hay preceptos que no se cumplen y no pasa nada. Además, para eso la clase política ha llenado de fieles el Tribunal Constitucional, para que, cuando van a hacer algo altamente sospechoso, lo pasan por el TC y arreglado.

Que en España hay que poner límite en el gasto a quienes ejercen el poder, no hace falta ser un lince para reconocerlo. Mientras no hagamos en el sistema político los cambios que tantas veces hemos comentado, y nuestros gobernantes tengan cuatro años para hacer lo que se les antoje sin que deban asumir responsabilidades por ello, dejarles libertad para gastar lo que quieran significa, ni más ni menos, que la ruina. En eso estamos después de los últimos años de abundancia.

La reforma constitucional, como digo, no nos afectará en nada, porque a nada compromete. Lo que sí vamos a notar es el ahorro que tendrán que hacer todas las administraciones públicas –las privadas ya lo hacen- si quieren seguir pagando las facturas. Y por lo que tendremos que luchar es porque ese ahorro sea en gastos superfluos, en gastos que afecten a la clase política y sus inventos y no a los servicios básicos de los españoles.

Lo que a mí me preocupa de este cambio constitucional, es que quienes gobiernan siguen sin contar para nada con los votantes. Como el resto de medidas que han tomado en esta crisis, van destinadas a las élites –para contentarlas o ayudarlas-, con las que se codean y con las que trabajarán cuando dejen la política.

Nosotros, como siempre, sufriremos su incompetencia y desvergüenza. Y aunque sabemos que la solución es un buen susto en las urnas, no estoy seguro de que lo hagamos.

A veces pienso que los españoles somos un pueblo extremadamente bondadoso. Y es que, ante el continuo cachondeo de la clase política, en lugar de escupirles a la cara, simplemente les ignoramos –o tal vez no, porque siguen consiguiendo votos-.

Lo de Rubalcaba empieza a rebasar la paciencia del más bendito. Este parásito que lleva en la política desde 1982 –alguien les habrá explicado que pueden volver a la vida real-, en su carrera por la presidencia en la próximas elecciones, encadena propuestas, a cual más estúpida, con la desfachatez de pensar que quienes le escuchamos, además de intentar sobrevivir en un país en ruinas, en gran parte por su culpa, somos gilipollas.

Voy a intentar analizar la última, sin alterarme demasiado. Resulta que está pensando crear el escaño 351 para que los ciudadanos defiendan en el congreso las iniciativas legislativas populares. Por si cuela.

Como comentaba hace unos días, este hombre acaba de hacer una reforma de la ley electoral en la que cierra el camino –o lo dificulta enormemente- a cualquiera que pretenda defender sus ideas en el Congreso presentándose en unas elecciones, pero ya olvidada su vida de vicepresidente del gobierno, ahora nos viene con esta chorrada para que veamos lo que cree en la Democracia.

Para que nuestras ideas puedan ser defendidas, la forma más sencilla es que presentarse a las elecciones sea simple, sin trabas, sin mínimos exigidos y, sobre todo, con políticos encargados de una circunscripción pequeña a la que tengan que escuchar si quieren salir elegidos. Además, el posible éxito de una iniciativa legislativa popular en España, no depende del número de ciudadanos que la respalden, sino de la Mesa del Congreso, amén de las innumerables restricciones que tiene. Es decir, que no podemos presentar una ILP en la que se pida rebajar el 50% del sueldo de toda la clase política hasta que el estado haya saldado todas las deudas con empresas y ciudadanos –se me ocurre, por ejemplo-.

Probablemente la templanza sea lo más sensato para que lo que estamos viviendo en España no acabe peor, pero quien hace propuestas de ese tipo, como si los ciudadanos fuéramos imbéciles a los que se les puede contar cualquier milonga, tiene mi más absoluto desprecio. Bastante tenemos con el día a día, para tener que aguantar su desvergüenza.