Leyes de laboratorio
2 Marzo 2007, escrito por ipit
El caso de Juana Chaos es otro ejemplo más de problema creado por el sistema político que padecemos, donde el poder y los ciudadanos están alejados millones de kilómetros.
Nadie entiende en este país que si a alguien se le condena a 3000 años de cárcel puede estar en la calle tras cumplir 18. Es una ecuación imposible en la cabeza de cualquier persona normal. Sé que la incógnita se llama beneficios penitenciarios, que al restarse a los 3000, mágicamente nos da 18. Pero es igual, la razón dice, que si pensamos que alguien merece 30 años de cárcel –el máximo que permite nuestro ordenamiento- y se le condena a esa cantidad de años, los cumpla. Más fácil sería, una sentencia del tipo “30 años sin beneficios”. Pues no, para qué, quedaría claro, evidente y eso no es bueno. Todo ha de ser oscuro e irracional.
A partir de ahí, cuando este personaje estaba a punto de salir tras sus 18 años, provocó “alarma social” –término creado por la clase política cuando quieren hacer la pelota a los ciudadanos-, y se inventaron una condena de 12 más. Y el resto ya lo saben.
Las leyes, como el poder, han de salir del pueblo, y si no es así, al ponerlas en práctica surgen los problemas con el mismo pueblo que las debía de haber avalado. Mientras no podamos decidir cómo queremos las leyes por las que nos tenemos que regir –no se olvide que la ley nos la damos nosotros, los ciudadanos, para una mejor convivencia-, seguirán apareciendo problemas de este tipo, porque quienes las hacen están muy lejos de quienes las sufren.
