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Poder judicial

Vergonzoso­ ha sido el espectáculo que nos ha proporcionado la clase política en España, con la repartición de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los dos partidos mayoritarios. Vergonzoso para quienes creemos firmemente que una democracia se fundamente en la separación de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Evidentemente, no para quienes perdieron la vergüenza hace ya mucho tiempo.

Los dos organismos de control y organización de esa tercera pata de cualquier sistema democrático, en España guardan disciplina de partido. No digo que no puedan tener ideas políticas, o incluso, si me apuran, adscripciones –allá ellos-, el problema es que cuando, tanto el Tribunal Constitucional como el CGPJ han de tomar una decisión, los ciudadanos sabemos cuál será el resultado, por el número de miembros nombrados por uno u otro partido político. Es decir, cumplen con las órdenes que se les da, de la misma manera que los diputados del congreso –que deberían ser otro poder, contrapeso del ejecutivo-.

Para que nuestra inquietud sea completa, desde el gobierno han parido una idea: que los jueces puedan acceder a su puesto en los juzgados sin pasar por una oposición. Quienes esto proponen, nuestra demócrata –de toda la vida- clase política, son los mismos que como acabamos de contar, se cargan sin ningún pudor la división de poderes, por lo que sabemos por donde van.

Si pensamos en las últimas causas judiciales con las que se han tenido que enfrentar nuestros políticos, veremos que se han producido en aquellos tribunales que están más próximos a los ciudadanos, que son ámbitos judiciales que escapan a su control. El Fiscal General del Estado, quien perdió su honorable apellido hace tiempo para pasar a ser del gobierno, no ejerce ningún tipo de vigilancia de la ley, salvo que el gobierno de turno le mande. Por tanto, sólo a través de denuncias de particulares en los juzgados de primera instancia, es cómo podemos aún controlar, aunque sea un poco, a la clase política.

Si consiguen que los jueces puedan acceder a los tribunales por méritos y no mediante oposición, habrán abierto la puerta a la designación a dedo de los mismos. Y ahí acabará el escaso control que tenemos sobre nuestros gobernantes.

A partir de entonces, cuando haya corrupción, o delitos ambientales, o cualquiera otra de sus prácticas habituales, si intentamos denunciar, lo jueces desestimarán las denuncias y se acabó el problema. Y esas sentencias que dan la razón a los usuarios en contra de la SGAE, se terminaron. Y esos jueces, que viven en nuestro mundo, y dictaminan que un mantero no es un delincuente peligroso, pasarán a la historia.

Puede que algunos de quienes me lean, crean que exagero, pero a esta democracia que no lo es, le queda muy poquito para pasar a ser también un régimen de pocas y muy controladas libertades.

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