Los últimos coletazos
7 agosto 2011, escrito por ipit
Cuando este gobierno desaparezca al fin, sentiré un enorme alivio, porque aunque apenas le queda vida para casi nada, lo poco que intenta parece calculado para destrozar cada vez más nuestro sistema político, y ponerlo más a la medida de la clase política que lo controla.
Me refiero a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno ha aprobado y que debería ahora pasar a las cámaras para su definitiva puesta en marcha –por suerte, parece que no dará tiempo-. Sin entrar en demasiada profundidad, hay un cambio sustancial en la reforma que resultaría nefasto para España –aunque en otros países funciona de esa manera-, y es que la investigación de una causa no la llevará un juez, sino que pasará a manos de los fiscales. Y como sabemos, los fiscales tienen estructura jerárquica, y el jefe de todos es el Fiscal General del Estado, que desde hace muchos años no es del estado, sino del gobierno.
Ni que decir tiene, que si un fiscal ha de decidir si investiga un caso de corrupción y el que esté en el gobierno en ese momento es del mismo partido, no habrá investigación. Se dará al Fiscal General la orden pertinente y se acabó. Es decir, un dislate, un paso más en el camino del no existe lo que no se conoce.
Lo que más me preocupa es que el ministro espera que los cambios “servirán de guía para el próximo Gobierno”, y tratándose de la otra cara de la moneda, puede que así sea. Y es que, en otro tema importante, mientras PPSOE escenifican grandes controversias, se han puesto de acuerdo de nuevo, en la oscuridad, sin apenas ruido, en la modificación de la ley electoral –también están en el ajo, PNV y CiU-.
Lo que han hecho es blindarse para evitar que puedan entrar nuevos partidos en las futuras elecciones. Así, a partir de ahora, para cualquier partido nuevo o que no tenga representación actualmente en ninguna de las Cámaras, es obligatorio presentar la firma del 0,1% de los electores de su circunscripción y, además, tienen un plazo de 20 días para recoger las firmas. Es decir, que si alguien quiere presentarse a las elecciones, ha de hacer una campaña previa a la campaña electoral, en cada lugar donde quiera presentarse para recoger las firmas necesarias –y estas han de ser únicas-.
Con las firmas vas al notario, para que las avale. En fin, un trabajo y, sobre todo, un dinero -entre la recogida de firmas y el notario- que la mayoría de los partidos que se presentaron a las anteriores elecciones no tienen y que les excluirá.
Este es el panorama. Un gobierno moribundo que pergeña leyes malas y peligrosas –no les digo nada de la ley de Igualdad de Trato, que pone los pelos como auténticas escarpias-, y una oposición que se prepara para gobernar y que no hace ascos a aquello que le facilite su vida política, cuando eso suceda. Poco podemos esperar de ambos.









